Las organizaciones recuerdan que niños y niñas siguen pudiendo acceder a todo tipo de contenidos pornográficos y de violencia extrema sin ninguna cortapisa a través de las plataformas de internet y las redes sociales, y reclaman la calificación de contenidos como medida necesaria para la aplicación eficaz de los sistemas de verificación de edad y control parental.

Madrid, 14 de julio de 2025.- El pasado 7 de julio se cumplieron tres años desde la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), cuyo objetivo es la regulación de la actividad no sólo de las televisiones o de las plataformas de streaming, sino también de las plataformas de internet, de las redes sociales y de los creadores que difunden sus contenidos audiovisuales a través de esas plataformas y redes, como ocurre los llamados influencers.

Sin embargo, la norma sigue sin poder aplicarse plenamente porque un elemento clave de la misma, la puesta en marcha de un sistema de regulación voluntaria (de autorregulación y corregulación) con la participación de todos los agentes involucrados todavía no se ha constituido al cabo de este tempo. Las consecuencias de este retraso son particularmente graves en el caso de la protección de las personas menores de edad ante los contenidos inadecuados y nocivos, y muy especialmente, en el caso de su difusión a través de plataformas de intercambio de vídeos y redes sociales.

Con este motivo, Las organizaciones AUC, ICmedia y Plataforma de infancia, en representación de más de 80 organizaciones de defensa de los usuarios y protección de la infancia y la juventud han dirigido una carta al ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar Lopez, en la que recuerdan que en estos momentos, y a pesar de la Ley, las niñas, niños y adolescentes en España siguen accediendo a través de internet a todo tipo de contenidos violentos y pornográficos, o a otro tipo de contenidos inadecuados (por ejemplo, publicidad de juego o bebidas alcohólicas) sin ninguna cortapisa, y sin que ni siquiera se avise de que se trata de contenidos para personas adultas.

En su carta, las organizaciones solicitan:

• La creación y puesta en marcha, a la mayor brevedad, del sistema de autorregulación y del acuerdo de corregulación previstos en la Ley, que debe contar, también, con la participación de la sociedad civil para colaborar en su cumplimiento.
• La integración en ese modelo de todas las personas creadoras de contenidos audiovisuales, así como de las plataformas de intercambio de vídeos y redes sociales a través de las cuales esos contenidos se difunden.
• La implantación efectiva de la obligación para todas las personas creadoras de contenidos de calificar dichos contenidos para su difusión, advirtiendo, en su caso, del carácter nocivo para las niñas, niños y adolescentes o de su naturaleza comercial.
• La implantación efectiva de la obligación de las plataformas de vídeos y las redes sociales que difunden sus contenidos en España de las herramientas que permitan a las personas creadoras de contenido cumplir con sus obligaciones de información, exigiendo la calificación de contenidos como condición previa a su difusión y estableciendo sistemas operativos que permitan integrar la calificación con los sistemas de verificación de edad y las herramientas de control parental.